DE LOS TRIBUNALES AD HOC A LA CORTE PENAL INTERNACIONAL

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El presente post tiene como finalidad fijar una modesta visión sobre el histórico nacimiento del Derecho Penal Internacional hasta la configuración actual, tal y como es entendida.

Así, centrando en el tiempo el debate, podemos indicar que es a través del Tratado de Versalles de 1919, suscrito una vez finalizada la Primera Guerra Mundial que se asientan los iniciales “pilares” de la responsabilidad penal individual en derecho internacional. Conviene señalar lo anterior puesto que en este instrumento se  declara a Guillermo II responsable de «ofensa suprema contra la moral internacional y la santidad de los Trarados».

Sin perjuicio de lo anterior nunca se juzgó al Kaiser; incluso se le concedió asilo en los Paises Bajos. Puede afirmarse sin género de dudas que la previsión de extraditar a los criminales de guerra que establecía el Tratado para el enjuiciamiento ante tribunales militares nunca se llevó a cabo; y ello dada la negativa de  Alemania de extraditar a ningún responsable. A resultas de ello, se sustanciaron algunos procesos ante los Tribunales de Leipzig, tildados en ocasiones como simbólicos, pero que sin embargo, ahondan en la idea de la responsabilidad penal internacional personal o individual.

EL TRIBUNAL MILITAR INTERNACIONAL DE NÜREMBERG

Vista la experiencia vivida anteriormente, una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg -TIMN- consagra la responsabilidad personal individual al establecer: «Crimes against international law are committed by men, not by abstract entities, and only by punishing individuals who commit such crimes can the provisions of international law be enforced».

Las disposiciones establecidas en aras a la configuración del TIMN preveían que según las disposiciones fijadas en el Acuerdo de Londres debían ser juzgados por ese tribunal los «criminales de guerra cuyos crímenes no tuvieren una localización geográfica particular». Por el contrario, y cuando los crímenes pudieren ser encuadrados en el ámbito geográfico de un Estado deberían ser juzgados por aquél. Por último, para los crímenes cometidos por alemanes dentro del territorio del Reich, serían competentes los tribunales de los países aliados o de ocupación.

El TMIN fue pionero al establecer la previsión legal de diversos tipos penales en el orden penal internacional. Éstos se contenían en su artículo 6, resultando ser: crímenes contra la paz, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad.

La Sentencia del TMIN se pronunció el 30 de septiembre y 1 de octubre de 1946. El valor que dicha resolución aún mantiene a día de hoy viene conferido por haber conseguido consagrar las «normas de derecho penal internacional» y por consagrar la punibildiad internacional de la guerra de agresión.

EL TRIBUNAL MILITAR INTERNACIONAL PARA EL LEJANO ORIENTE

En la misma línea, y en aplicación de la experiencia obtenida en aplicación de las normas del TMIN, entre 1946 y 1948 se instaura el Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente -TIMLO-. En esta ocasión, y a diferencia de lo ocurrido en Nuremberg, la legitimidad para actuar contra los responsables de crímenes de guerra proviene de un decreto del Comandante en Jefe de las fuerzas aliadas, Douglas Mac Arthur. Es a través de éste que se instituye el TMILO y su Estatuto. El núcleo estructural, empero, lo constituyó el del Tribunal de Nuremberg.

Durante el periodo de la denominada «Guerra Fría» asistimos a una cierta inactividad en materia de Derecho Penal Internacional que renace mediante la constitución de los denominados Tribunales Penales ad hoc de Naciones Unidas; promovido por el impulso de esta organización al desarrollo del mantenimiento de la paz. Es precisamente fruto de esa encomiable labor que la legitimidad en la persecución y enjuiciamiento de crímenes de guerra provendrá de ese mismo organismo internacionalmente reconocido. Así, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, a través de la Carta de la ONU, constituyó dos tribunales penales internacionales: El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda.

EL TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL PARA LA EX-YUGOSLAVIA (TPIY)

Constituido mediante resolución 827 de 25 de mayo de 1993, se configura como un tribunal para enjuiciar a los «presuntos responsables de graves violaciones del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de la ex Yugoslavia entre el 1 de enero de 1991 y una fecha que el Consejo de Seguridad determinará una vez restaurada la paz, y con ese fin, aprobar el Estatuto del Tribunal Internacional.»

El TPIY contribuye sobremanera al desarrollo de un «derecho procesal penal internacional» siguiendo los dictados del Estado de Derecho, conforme a la natural depuración y evolución de las normas de procedimiento y prueba.

EL TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL PARA RUANDA

A través de la Resolución 955, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas instituye en 1995 el Tribunal Penal Internacional para Ruanda.

El Tribunal asume competencia para el enjuiciamiento por genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos entre el 1 y 31 de diciembre de 1994.

LA INSTAURACION DE UNA CORTE PENAL INTERNACIONAL: EL ESTATUTO DE ROMA

En junio de 1998 se convocó en Roma una conferencia internacional –Conferencia Plenipotenciaria de Roma– con el firme propósito de dar inicio a los trabajos que configurasen el Estatuto de una Corte Penal Internacional. Tras la confrontación de dos posturas divergentes en relación a la propia naturaleza del órgano, a saber, quienes apostaban por la formación de un tribunal independiente y quienes reticentes a perder soberanía estatal pretendían la formación de un tribunal con cierto carácter simbólico; el 17 de julio de 1998 se adoptó en el pleno el Estatuto de Roma de la CPI.

Debe destacarse que el Estatuto fue aprobado por 120 votos a favor, 7 estados lo rechazaron –Estados Unidos, China, Israel, Irak, Libia, Yemen y Qatar; y 21 Estados se abstuvieron.

Finalmente, en 2002 entró en vigor el Estatuto tras la aprobación del mismo por parte de 60 países, tal y como exigía el artículo 126.

Actualmente el Estatuto de Roma cuenta con 139 Estados firmantes y 120 ratificaciones.

El 11 de marzo de 2003 la Corte inicia sus trabajos en La Haya.

Vinculado al nacimiento de la Corte Penal Internacional surge la voluntad firme por parte de profesionales del Derecho, colegios de abogados nacionales, internacionales y regionales, así como representantes de organizaciones no gubernamentales de constituir un Colegio de Abogados Penal InternacionalBPI-ICB-CAPI–, que finalmente se instituye en la Conferencia de Montreal, de 15 de junio de 2002.

Ambas instituciones -la Corte Penal Internacional y el CAPI- conmemoraron en 2012 su décimo aniversario, haciendo un balance positivo respecto de los trabajos desarrollados desde su formación y en previsión de los esfuerzos futuros y labores venideras.

Un saludo,

Samuel Guerrero

Pdte. ADHOC

@addhhoc

www.addhhoc.org

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